La crisis hídrica sin precedentes en Uruguay fue analizada por un grupo de expertos de la ONU, los cuales cuestionaron el manejo de la misma por parte del Gobierno de Luis Lacalle Pou. En su análisis señalaron que se debió dar prioridad al consumo de los hogares por sobre el de las empresas y apuntó que la recomendación de utilizar agua embotellada crea un riesgo de «privatización de facto del agua».
La carta de la ONU generó malestar en el gobierno uruguayo y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocó anoche a la sede de Gobierno a dos representantes del organismo, a los que les expresó su «profundo descontento», según indicó hoy el diario El País.
El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo emitió a su vez un comunicado en respuesta en el que manifestó que los valores de sodio en el agua hasta el momento “no se consideran alarmantes, ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas”.
Ante los problemas generados, entre los que se encuentra la disminución de la calidad del agua en Montevideo y zonas aledañas, los expertos en derechos humanos señalaron que el país «debe priorizar el consumo humano» y recordaron que la crisis afecta al 60% de la población del país. «La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas», expresaron en una carta divulgada.