Un decreto del Ministerio de Justicia que regulariza la ley firmada por el presidente colombiano Gustavo Petro el pasado 8 de marzo, busca «reglamentar la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva de la prisión». 

Así, aquellas madres con penas por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros, podrán salir de prisión a cambio de la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan a la comunidad. No podrán hacerlo quienes hayan sido condenadas por uso de menores para la comisión de delitos o por violencia intrafamiliar.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE.

Petro se mostró entusiasmado con la nueva reglamentación, ya que resaltó la importancia de que «las presas se junten con sus hijos, liberadas, que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas; quitar esas cadenas entre el amor es lo que nos permite ser una mejor sociedad«.

Según el Gobierno, la medida apunta a una «resocialización» y la «garantía de los derechos humanos» de las mujeres condenadas para que puedan obtener una disminución en sus penas privativas de la libertad, que está en el Plan Nacional de Política Criminal.

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